30 Noviembre 2018

CONCLUSIONES

• El manejo separado, por varias oficinas del MP, del crimen de Berta Cáceres y Gustavo Castro, debe interpretarse como parte de la sútil estrategia de impunidad que implica imputar a unos sujetos débiles y garantizar impunidad a los actores de poder económico y político responsables del crimen.

• La forma en que se ha desarrollado el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres ya configura una clara negación del derecho a la verdad integral, comporta una inadmisible revictimización y presagia impunidad para los autores intelectuales del crimen.

III. La descarada violación de estándares internacionales y de las normas básicas del debido proceso en el I caso por el asesinato de Berta Cáceres y el atentado contra Gustavo Castro, adelantan la suerte que pueden correr al menos otros tres casos que están en curso en contra de otros autores, por acción o por omisión, de este crimen.

• El comportamiento institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial en este primer caso, reflejan el fracaso absoluto del sistema de justicia, en virtud que es notorio que en el desarrollo del mismo han privado los sútiles o abiertos acuerdos de los jerarcas de las instituciones y no el respeto a la ley y a los derechos de las víctimas y de los mismos imputados en el procedimiento. Este fracaso se sustenta en la confabulación de actores institucionales relacionados con el crimen, pero además en el apoyo que la cooperación internacional hegemónica sigue dando a un sistema “normalmente corrupto” y violador de normas básicas en materia de derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades a ejercer soberanía sobre su territorio.

• La subyugación de la institucionalidad del sistema de justicia a los actores poderosos que hacen parte de la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro, constituyen un deplorable precedente para los cientos de crimenes de luchadores sociales que aún siguen en absoluta impunidad. Además, configura un ambiente favorable para que se sigan cometiendo más crimenes selectivos en contra de comunidades y liderazgos que resisten a la estructura economica criminal que impulsa el modelo de extracción y mercantilización de la riqueza de los pueblos.

• El asesinato de Berta Cáceres lo operó una estructura criminal integrada por actores economicos, funcionarios públicos de todas las categorías, empleados de empresas mercantiles, estructuras sicariales que operan en comunidades lencas y estructuras sicariales del crimen organizado; entre otros.

VII. La estructura criminal que ejecutó el asesinato de Berta Cáceres y el atentado contra Gustavo Castro, desarrolló de manera sostenida una serie de crimenes en contra del COPINH, del Pueblo Lenca opuesto al PHAZ y de los intereses generales y derechos de la sociedad hondureña.

VIII. Juridicamente, la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro es responsable, al menos, de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato conforme lo establece el artículo 332 y 117 del Código Penal vigente.

IX. Las condiciones de impunidad creadas por la estructura que operó el crimen de Berta Cáceres y Gustavo Castro, solo podrá ser superada por la alianza política de distintos actores nacionales e internacionales de los movimientos sociales en relación con actores institucionales que podrían estar dispuestos a contribuir, aunque no abiertamente, al adecentamiento de la institucionalidad.

X. La causa Berta Cáceres, plantea el choque entre el modelo económico e institucional de las élites criminales de la región y la resistencia de los pueblos. Estos últimos están desafiados a trascender la clásica y digna resistencia a un modelo que plantee la resistencia en perspectiva del control del territorio y de la institucionalidad del Estado y Gobierno.

20/11/2018

Fuente:Copinh