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Noticias RED ALAS América Latina Alternativa Social. Segunda Declaración
20 Febrero 2026
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A 10 años de nuestra primera declaración, redactada en 2015, no hablamos desde la neutralidad sino desde el compromiso cuotidiano y la lucha viva. Somos individuos y organizaciones que se niegan a rendirse.

En la última década no solo las violencias en América Latina y en el mundo no se han reducido, sino que se han ampliado y sofisticado y, con ellas, se ha profundizado el dolor, pero también la indignación y la resistencia.

La desaparición forzada se ha consolidado como uno de los crímenes más atroces y normalizados en América Latina. Miles de familias continúan buscando a sus hijas, hijos y hermanxs, enfrentando la indiferencia o complicidad de los Estados. La búsqueda generalmente es asumida por mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas), quienes lo hacen organizadas, valientes y dignas, superando el dolor y uniéndose en su sufrimiento. Lejos de ser un hecho aislado, la desaparición forzada es un instrumento deliberado de control político y territorial, utilizado para sembrar miedo y desarticular comunidades.

La impunidad generalizada permite que estos crímenes persistan, con víctimas son derechos y con la memoria constantemente amenazada. La lucha contra la desaparición forzada requiere acciones transnacionales, sostenidas y coordinadas, donde la visibilización de los casos y el acompañamiento a las familias sean tan importantes, como la presión política y jurídica para obtener justicia.

Las juventudes han sido un blanco directo de la violencia sistemática. Son perseguidas, criminalizadas, precarizadas y, en muchos casos, asesinadas o desaparecidas por defender sus territorios, sus derechos y sus comunidades. Sin embargo, las juventudes han sido también el corazón de la resistencia, organizando marchas, paros, refugios comunitarios, medios de comunicación populares y estrategias digitales de cuidado y movilización. Su creatividad, su energía y su capacidad de interconectar luchas han sido determinantes para mantener vivas las redes de solidaridad y defensa de los derechos humanos. Por ello, las juventudes no son futuro, son presente y conducción y deben tener un protagonismo real y vinculante en las decisiones estratégicas de los países.

La violencia de género ha aumentado de manera alarmante en toda la región, reflejando no solo la persistencia del patriarcado, sino también la incapacidad, y frecuente falta de voluntad, de los Estados para proteger a las mujeres, niñas, diversidades. En varios países se manifiestan altos índices de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes con fines de persecución política 

y trata de personas con fin de esclavitud sexual. Los ataques a lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos se han vuelto cotidianos, mientras que la impunidad sigue siendo la norma, vinculada a estructuras de desigualdad, militarización, economías criminales y discursos que deshumanizan y estigmatizan a quienes desafían el orden patriarcal. Frente a ello, los movimientos feministas y de disidencias sexuales sostienen una lucha incansable, articulando redes de cuidado, campañas de denuncia, brigadas de búsqueda, observatorios comunitarios y plataformas de exigencia política. Apoyar su resistencia colectiva es decisivo para visibilizar estas violencias, confrontar la impunidad y reivindicar el derecho a una vida libre de miedo, agresiones y silencios impuestos.

La defensa de la memoria y la búsqueda de verdad y justicia ha sido cuestionada y puesta bajo ataque por parte de gobiernos corruptos que, para alcanzar sus objetivos, intentan modificar la percepción de la ciudadanía manipulando la narración de hechos históricos, que forman parte de la memoria colectiva del pueblo y de la nación. Recordar los crímenes, documentarlos y educar sobre ellos no es un acto simbólico, es disputar el sentido del presente, garantizar que las generaciones actuales comprendan la magnitud de las injusticias y asegurar que no se repitan. La memoria es una herramienta de resistencia frente a los discursos de impunidad y negación, que intentan invisibilizar los crímenes y la resistencia popular.

La migración, voluntaria o forzada, se ha convertido en un fenómeno estructural que revela las fallas profundas de los Estados para garantizar seguridad, derechos y condiciones de vida dignas. Millones de personas han tenido que abandonar sus territorios huyendo de la violencia criminal, la pobreza extrema o el colapso institucional. En las rutas migratorias, lejos de encontrar protección, enfrentan extorsión, trata, desaparición y discursos xenófobos que buscan justificar su exclusión. Reconocer la dignidad y los derechos de las personas migrantes implica defender corredores humanitarios, garantizar procesos de regularización y construir políticas transnacionales de protección, memoria y justicia que coloquen al centro la vida y no el control fronterizo.

El extractivismo armado ha sido responsable de violaciones de derechos humanos masivas y devastación de territorios en nombre del “desarrollo”. La imposición de megaproyectos extractivos, con la complicidad de actores estatales y privados, genera diariamente desplazamientos forzados, degradación ambiental, violencia explotación y criminalización de comunidades. La defensa de la vida, la tierra y la autonomía territorial no son negociables; son principios irrenunciables de nuestra acción colectiva.

Reafirmamos que las organizaciones que componen ALAS no somos observadoras neutrales, somos actores activos de la resistencia y de la construcción de alternativas políticas, sociales y económicas en toda la región. Asumimos nuestra responsabilidad ética y política de actuar frente a la injusticia, de organizarnos con solidaridad y estrategia y de garantizar que los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de los pueblos estén al centro de nuestra acción.

Esta nueva etapa exige mayor capacidad de respuesta territorial, coordinación internacional y producción de sentido público. No declaramos solamente intenciones, definimos rutas políticas claras para enfrentar las violencias criminales, la corrupción y la impunidad. A partir de este compromiso, establecemos los mandatos que guiarán nuestro trabajo en la próxima década.

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