


Nicaragua se ve afectada por un régimen antidemocrático que ejerce el poder desde hace cinco mandatos, que fueron ampliamente condenadas por la comunidad internacional debido a las graves restricciones que pesaron sobre los derechos civiles y políticos. En este clima de restricciones, aún permanecen en completa impunidad las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el marco de la represión estatal, que resultaron en 355 personas fallecidas, más de 2 mil heridas y miles de personas han sido forzadas a desplazarse a otros países. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud siguen enfrentándose a un entorno hostil. En 2022, las autoridades detuvieron al menos a 39 personas a las que consideraban opositoras del gobierno, entre ellas 7 aspirantes a la presidencia. Algunas fueron víctimas de desaparición forzada. Las personas que defienden los derechos humanos son criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, sufren acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas.



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