Desde los primeros días de la crisis, tres de mis mayores preocupaciones han sido: el papel del Ejército, lo que sucederá el “día después”, y la seguridad ciudadana en la transición a la democracia.
Lo único que está claro hasta ahora es que el régimen Ortega-Murillo está conduciendo a Nicaragua al precipicio. Unos sufrirán más las consecuencias, otros quizás un poco menos. Sufrirán más los sectores más vulnerables de la población y quienes poseen recursos millonarios, entre ellos el Ejército de Nicaragua. Si para el año 2012 sus inversiones en Estados Unidos se estimaban en US$100 millones, ¿a cuánto podrían haber ascendido siete años más tarde?
Los militares decidieron no involucrarse y se metieron en un laberinto, creyendo que ahí estarían a salvo como institución y seguros sus millonarios intereses. Su concepto estratégico era simple: sobrevivir a la crisis sin que esta los arrastrara. Al inicio pareció una decisión lógica y hasta sensata. Sin embargo, y a pesar de no haberse “manchado las manos de sangre”, a medida que la crisis se ahondaba el laberinto se fue convirtiendo en una trampa, en la que se encuentran ahora.
Una reflexión urgente
Si los militares han permanecido inmóviles en el mismo punto sin buscar la salida, habrían cometido un costoso error táctico, de implicaciones estratégicas. La salida nunca los buscará a ellos, tienen que buscarla. Para eso es deben reconstruír la ruta de ingreso hasta llegar al punto en el que están hoy.
Es urgente una apreciación de la situación estratégica: contrastar los intereses nacionales con los institucionales, analizar la situación de las tendencias que delimitan las principales consideraciones, interpretar la situación a la luz de los objetivos de la seguridad nacional y las amenazas a esa seguridad, definir los cursos de acción que se pueden seguir para enfrentar esas amenazas, y proceder.
Las autoridades militares deben considerar el deterioro de la confianza de la población en el Ejército. Antes de abril de 2018, era la institución que gozaba del más alto índice de legitimidad social. Pero el Estudio de Opinión Pública de Latinobarómetro (#91, septiembre 2018) revela que la confianza ciudadana cayó al 22%.
Esa apreciación les sería de mucha utilidad para salir de la trampa en la que se metieron. Entraron en ese laberinto para que la crisis no los arrastrara, pero al final, los arrastró. Cada vez más rápido y más fuerte.
Es probable que su silencio explique su pérdida de legitimidad ante la población que, a la vez, les considera cómplices silentes del régimen. Esto es parte de los costos políticos de su mutismo y no está claro si previeron ese efecto. Todavía es imposible predecir en qué medida influirán ambas percepciones de la población sobre el papel que pueda jugar el Ejército en la transición.
¿Cómo salir de la trampa?
Los militares saben cómo salir de la ratonera porque saben por qué y cómo entraron. Pero se requerirá voluntad política, talante institucional y mucho tacto político, lo que no significa ni paños tibios ni medias tintas. A pesar de los llamados a intervenir en la crisis desarmando a los paramilitares, los uniformados no pueden ni deben ser quienes la resuelvan, justamente porque es una crisis política y no una situación militar.
Los uniformados no pueden ni deben ser el factor decisivo. Concederles el papel de “poder moderador” significaría hipotecar de por vida la democracia al concederles una potestad política que nunca deben tener. Estoy seguro de que no quieren jugar ese rol y ésa fue la razón por la que se metieron en el laberinto, hoy convertido en trampa.
Tres objetivos estratégicos
El Ejército tiene tres objetivos estratégicos: sobrevivir como institución en el tiempo; preservar sus multimillonarios recursos; y la estabilidad de Nicaragua. Así, en ese orden. El tercero se explica porque de la existencia de Nicaragua como nación depende la existencia del Ejército como institución. La mala noticia para los militares es que no tienen muchas opciones, porque la crisis que vive Nicaragua sólo tiene dos: el diálogo (negociar) o el despeñadero. Es cierto que, al menos en tres ocasiones, han llamado al diálogo, pero el régimen no les ha prestado atención.
Otra mala noticia. No tienen mucho tiempo para decidirse. Si el Ejército no actúa correctamente y rápido, habrá consecuencias. En Washington circula información sobre nombres individuales e instituciones para ser incluidos en la lista de sancionados que prepara el Departamento de Estado. Entre otros se mencionan a los tres miembros de la Comandancia General, a los jefes de la Dirección de Información para la Defensa y de Finanzas, al director ejecutivo del IPSM, al IPSM mismo como institución, y al mayor general en retiro Denis Membreño, jefe de la Unidad de Análisis Financiero. Tarde o temprano la larga mano de la justicia de Estados Unidos podría caer sobre ellos.
La Orden Ejecutiva del presidente Trump es clara. Serán sancionados por el Departamento del Tesoro “quienes sean responsables o cómplices” directos o indirectos de “acciones o políticas que socaven los procesos democráticos o instituciones en Nicaragua” y de “acciones o políticas que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua”. Los sectores más duros de Washington consideran que responsables o cómplices, por acción u omisión, deben ser sancionados por igual.
Es probable, y no hay evidencia de lo contrario, que ninguno de los militares cuyos nombres se barajan para ingresar a la lista de funcionarios eventualmente sancionados, tenga inversiones en Estados Unidos. Si las sanciones no afectarán a su patrimonio, ¿para qué y por qué sancionarlos? Parecería no tener sentido, pero lo tiene. Es obvio de que sería un mensaje político directo el Ejército como institución.
¿Cómo será el “día después”?
Otra de mis preocupaciones. El “día después” del diálogo o negociación que dé inicio a la transición a la democracia. No hay que ser sajurín para prever lo que se avecina. Una inevitable conmoción social y enormes tareas frente a los retos inmensos que implicarán la fundación del Estado Nación que nunca hemos tenido.
Nicaragua no “volverá a ser República” sencillamente porque nunca lo ha sido. Tampoco se trata de “refundar Nicaragua”. La tarea es fundar por primera vez el Estado Nación nicaragüense. El primer paso: desmantelar el Estado orteguista, similar al que en 1979 hizo la triunfante revolución sandinista con el Estado somocista.
Pero hay diferencias notables entre 1979 y hoy. En 1979, la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad fueron inmediatamente reemplazadas por combatientes de las columnas guerrilleras del FSLN. Se instituyó un nuevo Ejército, una nueva Policía y un nuevo servicio de inteligencia política. La gran diferencia: en 1979 se trató del triunfo militar sobre la Guardia Nacional de la dictadura somocista, mientras que lo que se aproxima será consecuencia de una insurrección cívica frente a un régimen que ha acallado a sangre y plomo las protestas. La única solución viable será un diálogo nacional que fije los términos de la transición.
Una transición compleja y difícil
La transición a la democracia no será fácil. La recuperación económica, una de las prioridades de las nuevas autoridades, no será posible sin seguridad. Según Latinobarómetro (septiembre 2018), 79% de los nicaragüenses desconfía de la Policía. Y en la más reciente encuesta de CID-Gallup (enero 2019), 61% afirma que la Policía no garantiza la protección de los nicaragüenses.
Así, con una fuerza pública deslegitimada y rechazada por la mayoría de la población, ¿quién va a enfrentar la violencia común que inevitablemente crecerá en un escenario confuso y que será potenciada por la incorporación de los paramilitares, transformados en “nuevos delincuentes comunes”? Se han incrementado los robos, los asaltos callejeros de motorizados, los homicidios y asesinatos, y la atrocidad de estos crímenes. El Estudio de opinión de CID-Gallup muestra que 53% de la población afirma que el crimen y la delincuencia han crecido en el país.
Los “nuevos delincuentes comunes” tienen armas, incluso de guerra, preparación militar y base social y política, y están cubiertos por la impunidad que les ha dado el régimen. Si no dudaron incendiar una casa asesinando a seis personas, incluidos dos bebés, ¿qué no se podrá esperar de ellos?
Es preciso recordar que, tras su derrota electoral en febrero de 1990, Daniel Ortega repartió decenas de miles de armas entre sus seguidores para seguir “gobernando desde abajo”. No sería extraño que repitiera esa práctica. Tampoco sería raro que comenzaran a “florecer” delitos hasta ahora casi desconocidos: asaltos a bancos, secuestros extorsivos, secuestros políticamente motivados y sicariato político.
Con el derrumbamiento del viejo régimen, el nuevo régimen tendrá retos superlativos. ¿Cómo se cambiará el viciado Sistema de Justicia Penal? ¿Quién reducirá y pondrá bajo custodia a policías, fiscales, jueces, guardas penitenciarios, ministros, secretarios políticos del FSLN, alcaldes y funcionarios municipales, miembros de los Consejos del Poder Ciudadano y de los Consejos de Liderazgo Sandinista, directa o indirectamente involucrados en los crímenes de lesa humanidad señalados en el Informe del GIEI? ¿Quién va a resguardar los puertos (terrestres, marítimos y aéreos) del país para evitar la fuga de los responsables de las atrocidades contra la población civil desarmada?
El Ejército podría sobrevivir
La nueva transición a la democracia tendrá una variante con relación a la de 1979. Posiblemente solo una de las instituciones que actualmente existen en Nicaragua sobreviva: el Ejército, pero solo si toma la decisión correcta y contribuye a la solución de la crisis. Si decide lanzarse al despeñadero junto con el régimen, las nuevas autoridades buscarán y encontrarán en la asistencia internacional el apoyo necesario para hacer frente a las urgencias de seguridad que se inevitablemente se multiplicarán. El Ejército podría sobrevivir, y no por sus méritos sino por razón de necesidad: el mantenimiento de la seguridad pública en un escenario complejo.Para el Ejército aún hay una lucecita para salir de su trampa. No es tan complicado como parece. Todo es que se cubran con el consecuente talante institucional decidan, no para enfrentar al régimen Ortega-Murillo, sino llamándole a la cordura, subrayando el grave riesgo que corre la seguridad nacional de Nicaragua y que el camino hacia el despeñadero será más corto, la caída más violenta y los efectos más catastróficos. Deben indicarle además las condiciones para el diálogo: cesar la represión, las capturas y allanamientos ilegales, liberar a los presos políticos, poner fin a los juicios amañados y dejarle claro que el diálogo nacional debe desembocar en elecciones anticipadas.
De acuerdo con la encuesta de CID-Gallup, Diálogo y elecciones anticipadas representan la demanda combinada del 84% de los nicaragüenses. ¿Es que los jefes militares están ciegos o se tapan los ojos para no ver el futuro que se les encima?
Si desean alzarse con sus dioses, simplemente tendrían que decirle a Daniel Ortega, de manera firme, con franqueza y sin ambages que no hay otra salida más que el diálogo y el adelanto de las elecciones. De no hacerlo, inevitablemente se hundirán con sus demonios… y sus millones.
Fuente: Confidencial
