El Salvador

Históricamente, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y otros actos de tortura. Entre 2011 y octubre de 2020 hubo 71.500 desplazados forzados a abandonar sus hogares  por causa de la violencia y la delincuencia (ACNUR); niñas y mujeres acusadas de abortos han sido encarceladas por homicidio y homicidio agravado; las personas LGBTQIA+ son blanco de discriminación y violencia policial.  Debido a un incremento de homicidios en marzo, en marzo de 2021 el Gobierno proclamó el inicio del estado de excepción, decreto renovado 10 veces. Se han realizado detenciones masivas sin una orden de aprehensión administrativa o judicial de gente joven y adulta por presunta participación en asociaciones ilícitas, como maras o pandillas. Este régimen de excepción brinda una herramienta a la policía para detener personas simplemente sin una base cierta, simplemente dejándose llevar por los estereotipos. Aún actuando estas medidas tán represivas, las pandillas no están siendo desarticuladas, simplemente están siendo contenidas a través del régimen de excepción porque se ha generado un temor fundado en las comunidades.