Berta era feminista, anticapitalista, ambientalista, indígena y hacía causa común con su pueblo por el respeto de la naturaleza. Fue asesinada en su casa en La Esperanza de varios balazos, hace exactamente tres años, el 2 de marzo 2016. El ministerio público de Honduras declaró que había sido atacada por su trabajo. Berta, se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica que habría impedido el acceso de las comunidades locales al río. Ella decía que el proyecto dañaría por siempre el territorio sagrado del pueblo indígena Lenca. Berta, dio su vida para proteger a los Lenca y a la madre tierra.

La historia del asesinato de Berta dio la vuelta al mundo y la noticia desencadenaba una campaña en redes sociales y manifestaciones de miles de personas indignadas frente a las embajadas. Los inversionistas europeos retiraban sus fondos del proyecto.

A pesar de la atención internacional, la justicia aún no es total. A las autoridades de Honduras les ha tomado más de dos años declarar culpables a siete responsables del asesinato, y acusar a uno de los empleados de la empresa constructora de la represa. Sin embargo, los poderosos actores que presumiblemente ordenaron y pagaron por el crimen, aún no han sido oficialmente identificados ni inculpados.

Una encuesta global, publicada en diciembre por mi equipo, hace un balance de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en 140 países. Revela que un número creciente de gobiernos están socavando los derechos de las y los defensores, a pesar de la adopción de leyes para protegerles. En el clima político actual, caracterizado por un cuestionamiento de los derechos humanos, las defensoras, como Berta, son a menudo las primeras en ser atacadas. Son descalificadas y agredidas porque sus actividades desafían las personas en el poder, pero también por su identidad como mujeres.

Si la situación de las mujeres es particularmente alarmante, todas las personas defensoras de los derechos humanos alrededor del mundo, sin importar su género, enfrentan cada vez más ataques. Es lo que concluye nuestro estudio de más de 500 páginas, el primero de este tipo en ser publicado en 10 años.

Como relator especial, mi trabajo es proteger y defender a las personas defensoras, pero hay mucho más en juego. Las fuerzas que las ponen en peligro a las y los defensores son las mismas que amenazan nuestros derechos. En todas partes, incluso en los países que tradicionalmente han respetado el Estado de Derecho, somos testigos del asedio a los derechos civiles y políticos.

La búsqueda de justicia para Berta Cáceres nos deja una lección importante. La familia de Berta y el COPINH –la organización que fundó– afirman que sin la indignación internacional que su muerte provocó, sin la presión que esta generó sobre el gobierno y los financiadores, su historia habría sido olvidada hace mucho. Ellos aseguran que todas y todos nosotros tenemos un rol que jugar alzándonos contra los poderes que quisieran silenciar a las personas defensoras.

Otras personas, como su hija, han tomado el relevo de Berta. Activistas, pero también ciudadanos de a pie, han entendido que juntos debemos resistir a las fuerzas que amenazan nuestros derechos en Honduras y en el resto del mundo. Porque así, somos más fuertes. Al unirnos, a la causa de las personas defensoras podemos doblegar los que pretenden destruir el valioso edificio de los derechos humanos: aquel que nos liga los unos a los otros y que ata cada uno de nosotros a la humanidad y al planeta tierra.

Fuente: EL PAÍS

Para más información leer: "MACCIH acusa a exfuncionarios que beneficiaron a la hidroeléctrica denunciada por Berta Cáceres" (El Faro) y Honduras rinde homenaje al legado de activista asesinada Berta Cáceres (TeleSUR)