EL presidente del Brasil Bolsonaro, el lunes 17 de junio, ha firmado un decreto-ley de medidas preventivas para acelerar la venta de bienes confiscados a la Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) - órgano competente del Ministerio de la Justicia. Por lo tanto, se podrà preverse la venta de los bienes incautados, tanto muebles como inmuebles, incluso antes de la sentencia definitiva. El decreto-ley tiene que ser todavía aprobado por la Cámara y el Senado.
Estamos hablando de una estrategia política para fortalecer el Ministro de la Justicia Sergio Moro, acusado de falsedad en el juicio del ex presidente Lula da Silva, hasta el punto de ser juzgado como responsable de su condena, no obstante la ausencia de pruebas, desde la corrupción "pasiva" de Lula hasta su detención. Moro mismo estableciò que no debía iniciarse ninguna investigación sobre otro ex presidente, Fernando Henrique Cardoso.
El decreto en cuestión, que debería prever medidas preventivas para facilitar la venta de bienes incautados, puede ser considerado un acto falso y mediático: de hecho su implementación no dependerà de la aprobación de la ley, sino de la decisión adoptada por parte del Ministerio de la Justicia caso por caso.
Bolsonaro eligiò esta operación para “limpiar la imagen” de su Ministro. De hecho, gracias a varias interceptaciones transmitidas por el sitio Intercept Brasil, se desprendió que Moro se había coordinado con el ex juez Deltan Delagnol para desacreditar la defensa de Lula durante el juicio, asegurando, al mismo tiempo, que no se abrieran investigaciones sobre Cardoso. La actual idea de Bolsonaro es entonces incrementar la popularidad de Moro y desacreditar quien lo acusa.
Por otra parte las medidas preventivas no impedirán que los testaferros, vinculados a los narcotraficantes, recuperen sus bienes confiscados. Lo que surge es una crisis ética que lleva a toda la sociedad brasileña a comercializar y evaluar todo como fuente de ingresos: de hecho el gobierno brasileño respalda la necesidad de aprovechar de la ganancia del narcotráfico, para devolver los bienes incautados a las comunidades mediante subasta; està evidente que todo este mecanismo generarà un exito contrario, o sea no detendrá en modo alguno el tráfico de drogas y sus beneficios ilícitos.
Los límites entre legalidad e ilegalidad, entre ética y oportunismo se están desdibujando cada vez más en Brasil.
Por último, la venta de bienes incautados antes de la sentencia definitiva reduce su precio de subasta, herramienta utilizada para la venta, facilitando el recupero de los mismos por parte de la criminalidad, así como el riesgo de apelaciones y un veredicto favorable para el demandado, permitirán la devolución de dichos bienes a su " ilegítimo " propietario.
Fuente: Confiscati Beni 2.0
