El Congreso podría tratar este año una ley que se hace eco del proyecto Bien Restituido, una iniciativa impulsada por varias ONGs para que los bienes decomisados al crimen organizado sean reutilizados con fines sociales.

Mientras la violencia narco sigue avanzando en Rosario y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despliega su show al estilo Bukele en las redes sociales, un proyecto de ley que ingresó al Congreso en diciembre de 2022 y por estos días intenta ser reflotado en la Cámara de Diputados podría convertirse en una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado.

Se trata de la “Ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados”, una iniciativa surgida de la sociedad civil que busca lograr un nuevo marco normativo para el recupero de los bienes provenientes de actividades delictivas complejas (autos, barcos, casas, campos, mansiones, granos, aviones, etc.) y su posterior reutilización con fines sociales.

El proyecto fue redactado por jueces y fiscales que vienen llevando adelante experiencias de estas características amparados en el marco normativo vigente (la Ley 20.785, sancionada en 1974) junto a miembros del proyecto Bien Restituido, una trabajo que vienen llevando adelante las ONGs Libera, Circolo Giuridico di Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Fundación Multipolar, que está inspirado en la experiencia italiana de la lucha contra la mafia y cuenta con el apoyo de la Unión Europea y el respaldo del propio papa Francisco.

El texto que se presentó en el Congreso cuenta con el acompañamiento de casi todo el arco político en la Cámara baja y espera reunir las firmas de todos los bloques en los próximos días para que pueda ser tratado este año en el recinto.

¿Cuál es el destino de los bienes incautados al crimen organizado?

Actualmente los bienes cautelados en los procesos penales son administrados por el juez que está a cargo del proceso durante el tiempo que dure el mismo.

Se estima que la Justicia argentina tiene hoy en sus manos bienes cautelados y decomisados a las organizaciones criminales que están valuados en más de $100.000 millones. Sin embargo, muchos de esos bienes se encuentran en estado de abandono y, a medida que pasa el tiempo, van perdiendo su valor.

En diálogo con C5N, la abogada Clara Lucarella, de ACIJ, una de las ONG que conforman el proyecto Bien Restituido, explicó que uno de los principales ejes del proyecto de ley es lograr un sistema eficiente para la administración de los bienes cautelados y decomisados por el Poder Judicial a partir de la creación de una agencia especializada para tal fin.

“Hay que reconocer que, por las funciones que cumple, el Poder Judicial no está en las mejores condiciones para administrar los bienes y conservar su valor. El proyecto plantea la creación de una agencia que tenga este fin y que destine esos bienes a una reutilización social. Por ejemplo, si se decomisan edificios o autos, que puedan ser utilizados por distintas dependencias estatales, o por organizaciones de la sociedad civil. Esto implica una reparación a la sociedad. Además, ese bien no se encontraría abandonado. Hoy muchos de esos bienes pierden su valor a medida que pasa el tiempo, porque nadie los utiliza. Se le vuelve a dar valor a ese bien y a la vez hay una reparación a la sociedad”, indicó Lucarella.

La abogada señaló que “el Estado termina vendiendo en una subasta” muchos de estos bienes incautados “por un valor menor al que podría haber tenido inicialmente”. En el caso de los autos, muchos “se compactan” y terminan convertidos en chatarra.

“En la alternativa de la reutilización social, la organización que se presenta puede ser designada como depositario judicial. No es que el Estado se desprende de esos bienes y deja de ser el dueño. El Estado siempre sería titular del dominio, pero se le otorga a las organizaciones la posibilidad de usar el bien para el fin para el cual fue previsto con determinadas obligaciones, como el mantenimiento. En caso de que no se haga o no se cumpla, se le debería quitar el bien y asignárselo a otra organización. Hay un control por parte del Estado. Hoy eso lo hace un juez. Con la ley, pasaría a hacerlo la agencia”, apuntó Lucarella.

La experiencia italiana que inspiró al proyecto Bien Restituido

En Italia, la reutilización social de bienes confiscados a la mafia rige desde 1996. La agencia especializada para la administración y la reorientación de esos bienes (Ansbc) tiene bajo su tutela más de 24.500 bienes inmuebles que antes pertenecían a las organizaciones mafiosas. El 40% de esos bienes hoy están siendo reutilizados por cooperativas de trabajo. Además, ha logrado destinar más de €40.000 millones recuperados del crimen organizado a la prevención y reparación del daño ocasionado.

“Hoy por hoy, las mejores herramientas que tiene el Estado para combatir a las organizaciones criminales tiene que ver con el desapoderamiento económico. Es decir, los bienes que son utilizados de manera legal pero fueron obtenidos de forma ilegal, la Justicia debe quitárselos a las organizaciones criminales y tenerlos en poder del Estado por lo menos hasta obtener una sentencia firme”, señaló Lucarella.

“Muchos países ya tienen agencias con este rol de administración. Hay experiencias en Colombia, en Costa Rica, pero no está contemplada la función de la reutilización social de los bienes. El mayor exponente en este tipo de políticas es Italia. La parte fundamental de la propuesta es que los bienes no solo estén en manos del Estado para su custodia y administración, sino que se busque una reparación hacia las víctimas y hacia la sociedad en su conjunto”, agregó la abogada de ACIJ.

Sebastián Casanello: “El uso social de bienes recuperados pacifica”

El juez federal Sebastián Casanello fue uno de los magistrados que participó de la redacción del proyecto de “Ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados” que espera ser tratada en el Congreso.

En diálogo con C5N, Casanello explicó que “el Código Penal no es solamente un catálogo de penas sino que incluye, entre otras cosas, normas que prevén la reparación de los daños producidos por los delitos”.

“Así fue pensado desde sus orígenes. El problema es que la parte dedicada a las reparaciones, en la práctica, fue siempre identificada con una pretensión privada propia del Derecho Civil. De esta manera los penalistas y los operadores judiciales –me refiero a jueces, fiscales y abogados-, en general, la dejaron a un lado y se concentraron en un derecho penal exclusivamente sancionatorio. A mí modo de ver, este posicionamiento hizo que los bienes secuestrados en las causas penales fuesen vistos como objetos extraños y problemáticos en lugar de representar una oportunidad. A ello atribuyo que al día de hoy no tengamos a nivel federal una auténtica ley de administración racional y transparente de bienes recuperados y sigamos usando una norma emparchada del año 1974 (la ley 20785)”, sostuvo el juez federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Casanello mencionó un ejemplo que permite comprender el nivel de obsolescencia de esa norma, y es el hecho de que hace 50 años no existía la Convención de Palermo (contra el crimen organizado) ni tampoco se hablaba de recupero de activos como principal herramienta para desbaratar las organizaciones delictivas.

En ese sentido, considera “impostergable” que la Argentina cuente a nivel federal con una ley moderna de administración de activos recuperados que tome lo mejor de la experiencia internacional, como es el ejemplo italiano de uso social.

“El enorme virtuosismo de esa política, iniciada en Italia pero ya desparramada a varios países, radica no sólo en sus efectos reparatorios de los daños producidos en la comunidad por fenómenos delictivos como el narcotráfico, la trata de personas, los delitos contra el ambiente o la corrupción, sino también su impacto en términos de prevención, eje prácticamente de toda justificación moderna del sistema penal”, apuntó Casanello.

“El uso social de bienes recuperados pacifica, pues contribuye a solucionar conflictos pasados y evitar futuros, en la medida en que su enorme fuerza simbólica restituye no sólo tejido social sino también el Estado de derecho”, añadió el magistrado.

El apoyo del papa Francisco al proyecto Bien Restituido

El sumo pontífice expresó en reiteradas oportunidades su respaldo a la propuesta que vienen llevando adelante el consorcio conformado por las organizaciones Libera, Circolo Giuridico di Argentina, ACIJ y Fundación Multipolar.

En una carta publicada en marzo de 2022, el Papa consideró que “la reutilización social de los bienes recuperados de la mafia es un ejemplo virtuoso de sanación y de restablecimiento de la paz a través de la acción colectiva”.

“Para el Estado es una oportunidad de volver a mirar a la gente creando oportunidades allí donde no existían, porque el crimen organizado suele ocupar los espacios donde las instituciones están ausentes o funcionan mal. Tengo la esperanza de que de este modo la Justicia gane espacio y se amplíe, se arraigue y ocupe el sitio de la inequidad”, agregó.

Hace unos días, Francisco se pronunció sobre la violencia que se vive en Rosario como consecuencia del avance del narcotráfico y pidió "brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables”.

“Dado que en todo sistema mafioso los pobres son el material descartable, los invito a aunar esfuerzos para que el Estado y las instituciones intermedias puedan brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables. Los mismos pueden crear condiciones para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan un desarrollo humano integral para un futuro superador al que tuvieron sus padres y abuelos. Todas las organizaciones sociales, civiles y religiosas debemos estar unidas para hacer lo que mejor sabemos hacer, y entre todos crear comunidad”, consideró el Papa.

Una política de Estado que permita construir “un nuevo tipo de justicia restaurativa”

Nahuel Gieco, socio fundador de la Fundación Multipolar, señaló a C5N que el compromiso de las organizaciones que conforman el proyecto Bien Restituido es “seguir generando el diálogo con las organizaciones territoriales en todo el país” y demandar una política de Estado que permita construir “un nuevo tipo de justicia restaurativa”.

“Estamos acompañando a las organizaciones en el diálogo con los actores judiciales, para que puedan seguir sentando nueva jurisprudencia, constituyéndose como depositarios judiciales de bienes incautados sin destino de uso, que pueden colaborar a su trabajo diario para el desarrollo de las comunidades, como por ejemplo, cooperadoras escolares y organizaciones de salud mental en Entre Ríos; comunidades campesinas indígenas y comedores comunitarios en Misiones; clubes sociales, deportivos y culturales en Mar del Plata", referenció Gieco.

En la Argentina ya existen varios casos exitosos de bienes confiscados al crimen organizado y reutilizados con fines sociales.

En Pilar, un edificio incautado a la familia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria se transformó en un centro hospitalario de urgencias. En el Barrio 21-24, un búnker de venta de drogas se transformó en un centro de atención comunitaria de niños, adolescentes y personas en situación de consumo de drogas. En Salta, dos hoteles incautados al narcotráfico fueron entregados a la UBA para la práctica de estudiantes.

Puntualmente en Rosario, computadoras, mesas y elementos de carpintería que fueron incautados en varias causas federales de narcotráfico son utilizados para brindar capacitación a jóvenes que pasaron por la cárcel o que tienen problemas de consumo de sustancias, y un helicóptero de un líder narco fue entregado a una escuela técnica y está siendo utilizado para las prácticas profesionales de los estudiantes.

En Mar Chiquita, uno de los campos del líder del Cartel de Juárez es alquilado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina y con el dinero recaudado se financian tratamientos para el consumo de adicciones. En Mar del Plata, un inmueble incautado a una secta que explotaba a jóvenes con problemas de adicciones fue entregado a Cáritas y se transformó en un refugio para alojar a personas en situación de calle.

Para el juez Casanello, la sanción de una ley que le otorgue un nuevo marco normativo al recupero de los bienes provenientes del crimen organizado y su posterior reutilización con fines sociales permitirá “inventariar todos los bienes (es decir conocerlos) y prever de antemano, a través de cursos de acción controlables, qué tratamiento recibirán para servir del mejor modo a los fines previstos en la ley penal”.

“Un sistema racional aporta seguridad, transparencia y eficiencia para alcanzar esos objetivos y permite rendir cuentas. La racionalidad es lo contrario a la aleatoriedad que muchas veces deriva en abandono, abusos o arbitrariedad. Como no existe un sistema racional hoy la suerte de esos bienes depende del interés y buena voluntad de los actores. Están quienes prácticamente no recuperan activos; quienes recuperan y se desentienden de la administración (abandonan); quienes recuperan y administran –confundiendo a veces su rol jurisdiccional-; y quienes entregan la administración a terceros –ya sea el Estado o a veces instituciones privadas-. Viendo este panorama, tanto el Poder Ejecutivo como la Corte Suprema de Justicia en los últimos años crearon registros y buscaron -particularmente la Corte-, regularizar la situación en torno al control y manejo de los bienes. Si bien algo se avanzó, la realidad sigue demostrando, a mi modo de ver, la necesidad imperiosa de una ley para alcanzar ese sistema racional al que me refería en un comienzo”, concluyó Casanello.

Para más información sobre el proyecto BIEN RESTITUIDO visiten la página web: bienrestituido.org.ar

FUENTE NOTICIA Y FOTO: C5N