Delegaciones de dieciséis regiones marcharon hacia el Congreso donde exigieron el debate de proyectos de ley como el que crea el banco de datos genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas. También demandaron reparaciones económicas equivalentes a 10 Unidades Impositivas Tributarias, atención en salud y educación. Además de mayor presupuesto para implementar la Ley de búsqueda de personas desaparecidas.
Organizaciones de desplazados, familiares de desaparecidos y deudos de militares asesinados por terroristas se desplazaron desde el Campo de Marte hasta el Congreso de la República para demandar el debate del Proyecto de Ley 923 que modifica la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. También reclamaron la aprobación del proyecto de ley 2252/2017-PE, referida a la formación de un banco de datos genéticos para la búsqueda de desaparecidos. Dijeron que esta iniciativa legislativa se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos desde diciembre del año 2017. Otro proyecto de ley que esperan sea debatido es el 2224, que promueve y prioriza la inversión pública en los distritos afectados por la violencia.
Asimismo, pidieron mayor presupuesto para implementar la Ley 30470, referida a la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de la violencia política, ya que se requiere adquirir reactivos para realizar la identificación mediante genética forense. Otra de sus demandas fue la ampliación de los programas que componen el Plan Integral de Reparaciones, y que tienen que ver con salud, educación, restitución de derechos ciudadanos, acceso a la vivienda, reparaciones colectivas e individuales. “Estamos exigiendo reparaciones económicas equivalentes a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y no los 10 mil soles que determinaron. En educación, que se den 1000 becas y no 400 porque los hijos de las víctimas son miles. En cuanto a salud y vivienda se ha avanzado muy poco, lo mismo que en reparaciones colectivas”, informó Leonor Saire Marcavillaca, presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP).
“En este sentido queremos que haya una igualdad para todas las víctimas, por eso pedimos al señor Martín Vizcarra que escuche nuestras demandas, nosotros somos víctimas, no somos terroristas. También queremos que nos reciba el ministro de Justicia porque su sector tiene que ver el plan integral de reparaciones de la ley 28592”, acotó. En tanto, la congresista Tania Pariona, quien acompañó a los manifestantes, señaló la necesidad de que el Ministerio de Justicia capacite a jueces y fiscales a cargo de procesos sobre violación de derechos humanos. “Deben ser preparados en enfoque de género y enfoque intercultural para evitar la revictimización y asegurar el acceso a la justicia con celeridad y reparación integral”, estimó la parlamentaria de Nuevo Perú.
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