Por fin, después de un mes de la masacre de 23 reclusos y más de 80 heridos en la Cárcel La Modelo de Bogotá, el Gobierno expidió el decreto 546 por medio del cual “se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión por la prisión domiciliaria a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación".
Las organizaciones firmantes rechazamos este decreto y anunciamos que realzaremos todas las acciones jurídicas, legales y de denuncia necesarias, ante las instancias nacionales e internacionales competentes. Colombia no tiene una política de prevención del delito y la violencia.
Por tanto, el Estado colombiano ha sido inferior en darle cumplimiento a lo estipulado en la normatividad internacional, constitucional y legal en el tema penitenciario y carcelario, con razón la Corte Constitucional mediante Sentencia-153/98 ha insistido en el "Estado de cosas inconstitucionales en establecimientos carcelarios", pues se violan de manera sistemática y permanente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Nuevamente el gobierno de Iván Duque da muestras de su insensibilidad frente a la inminente tragedia humanitaria que se cierne sobre las penitenciarías del país, al desconocer los pronunciamientos de la corte Constitucional y de la Comisión interamericana de DD.HH. que, de tiempo atrás, alertan sobre el alto riesgo que corre la población carcelaria carcelaria por ser grupos en condición de extremo hacinamiento. Según datos del Ministerio de Justicia, a enero de este año, el hacinamiento alcanza el 53%, equivalente a 44.000 recursos más sobre una capacidad del sistema nacional penitenciario nacional de 82.000 cupos; para un total de 124.000. Esta cifra no incluye los reclusos que por diferentes motivos gozan de la casa por cárcel y que son alrededor de 30.000. Sin embargo, al desagregar esta cifra, encontramos que en La Picota elhacinamiento es del 54%, en la Modelo del 60%, en la cárcel de mujeres El Buen Pastor es del 70% y en la cárcel de Riohacha es del 400%.
Esta escandalosa situación ya se desbordó en la cárcel de Villavicencio en donde están hacinados cerca de 2000 presos cuando la capacidad es para 900. En menos de una semana han fallecido 3 reclusos y se reportan otros 16 internos contagiados. La situación se complejiza aún más con las denuncias que viene realizando el sindicato del INPEC sobre la falta de dotación de elementos de bioseguridad para cumplir a cabalidad su labor sin afectar su entorno familiar y vecinal. A lo cual se suma la crisis crónica del sistema de salud y de la USPEC que es la EPS que atiende las penitenciarías del país. Precisamente, la sumatoria de todas estas irregularidades, fue el detonante de las protestas que se presentaron en casi todas las cárceles del país y que dejó un saldo de 30 muertos y un número indeterminado de heridos.
Ante esta calamitosa realidad, el decreto termina siendo inocuo ya que solo beneficiaría alrededor del 4% de la población carcelaria; esto no cumple con los dos propósitos centrales para los que fue emitido: ni genera las condiciones de aislamiento para evitar el riesgo de propagación del covid-19, ni ataca el hacinamiento que favorece el contagio Adopte las medidas necesarias y suficientes, desde sus respectivas competencias, a fin de garantizar una pronta y transparente investigación que determine las responsabilidades directas y de la cadena de mando en los hechos que terminaron en la masacre de los internos de la cárcel La Modelo y un número indeterminado de heridos en otras penitenciarias del país.
Exhorte al Gobierno nacional, al Ministerio de Justicia y al Fiscal General a adoptar las medidas tendientes a garantizar la vida y la integridad física y mental de los reclusos, los guardianes del INPEC y sus familiares. Acompañe y haga seguimiento, por todos los medios posibles, a la actual crisis carcelaria y exija una pronta atención en salud, la realización de pruebas covid-19 y aislamiento preventivo a aquellos internos que se encuentren en mayor riesgo de contagio. contagio. Saludamos que la medida cobije a los mayores de 60 años, a las madres con hijos menores de tres años y a los reclusos con patologías graves, entre otros; sin embargo, consideramos que siguen siendo medidas insuficientes para la disminución de la crisis carcelaria. Por ejemplo, no entendemos las razones por las cuales aún continúan en las cárceles más de 300 ex combatientes firmantes del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.
En atención a todo lo anterior, convocamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General, a las Comisiones Conjuntas de Paz de la Cámara y el Senado y a la Defensoría del Pueblo a conformar una Comisión Interinstitucional que:
- Adopte las medidas necesarias y suficientes, desde sus respectivas competencias, a fin de garantizar una pronta y transparente investigación que determine las responsabilidades directas y de la cadena de mando en los hechos que terminaron en la masacre de los internos de la cárcel La Modelo y un número indeterminado de heridos en otras penitenciarias del país.
- Exhorte al Gobierno nacional, al Ministerio de Justicia y al Fiscal General a adoptar las medidas tendientes a garantizar la vida y la integridad física y mental de los reclusos, los guardianes del INPEC y sus familiares.
- Acompañe y haga seguimiento, por todos los medios posibles, a la actual crisis carcelaria y exija una pronta atención en salud, la realización de pruebas covid-19 y aislamiento preventivo a aquellos internos que se encuentren en mayor riesgo de contagio
