El 3 de abril, el presidente de Chile Sebastián Piñera llegó con una comitiva militar a la plaza Baquedano (Santiago de Chile). Unas semanas antes se habían borrado los rayados, arrancado las banderas y destruido los tótems con que los manifestantes la habían transformado en la ahora mundialmente famosa “plaza de la Dignidad”. Era el primer viernes desde el estallido de octubre en que no se producían manifestaciones porque todos estaban en sus casas velando por su salud. El mandatario eligió ese momento para inmortalizarse a los pies de la estatua. Había necesitado 40 muertos, cientos de ojos reventados, miles de heridos y detenidos en las cárceles, una pandemia sanitaria en el país y llegar a escondidas para poder hacerse esa foto, con sonrisa de conquistador, en una plaza vacía.
En las redes se sintió como una provocación y se comparó la imagen con la que se hizo Hitler ante la torre Eiffel tras invadir París, mientras seguían los cacerolazos desde los hogares. En medio de la crisis sanitaria, el presidente había logrado lo que parecía imposible: sobrevivir. El orden reinaba en Santiago. Los militares habían regresado a las calles. No se establecería en Chile ninguna cuarentena total. No se paralizaría el comercio. El ejecutivo de Piñera se había alineado con la visión de Boris Johnson, Donald Trump y Jair Bolsonaro: que se contagien, la máquina no se va a parar.
Menos de dos meses después, el ejecutivo se veía en la necesidad de decretar la fatídica cuarentena total para la región metropolitana de Santiago, que pronto se extendería a las regiones. El virus había escapado de la rica zona oriente de la capital e invadido las poblaciones hacinadas de bajos recursos. Los casos confirmados de Covid-19 superaban los varios miles al día, los de decesos, diez, veinte, cien, más de doscientos al día en una escalada descontrolada. Las protestas volvieron en las capitales de provincia, esta vez con la consigna del hambre. Porque una cuarentena no es lo mismo en Las Condes que en El Bosque, y solo tiene sentido si el Estado está dispuesto a velar por aquellos a los que encierra. Eso no sucede en esta franja al sur del mundo, donde el poder político mide el valor de la vida humana según lo que pueda aportar al beneficio privado, aunque solo sea en forma de escudo humano de contención.
VIGILA TUS SÍNTOMAS
Parece difícil de creer. La falta de empatía, los oídos sordos a demandas sociales históricas, la brutalidad policial, todos esos factores habían provocado un estallido histórico en el país hacía tan solo unos meses, a espaldas de la “normalidad” que pedía el presidente, esa palabra que lo obsesiona, y a la que volvió a entregarse para enfrentar la nueva crisis. El guion se repetía, y a nadie en las esferas del poder parecía llamarle la atención. El miedo al virus se había convertido en el arma más mortífera del Estado para acabar con la disidencia, por lo que el gobierno se sintió fortalecido para retomar su agenda y dejarle el trabajo sucio a algún tonto útil.
En un vodevil que será difícil de olvidar, el ministro Mañalich se convertía en el principal vocero del gobierno. Cada día aparecía en televisión, y cada día deleitaba a la población con ocurrencias que serían risibles de no tener en sus manos la vida de miles de personas. Ante el escaso número de respiradores en el país, prometió la llegada de un cargamento especial de China que el embajador chino negó. Cuando finalmente llegaron, fue gracias a la intervención de la patronal, que los adquirió en el mercado negro. Dijo que el virus podía mutar en “buena persona”, que los muertos eran contabilizados como “recuperados” porque ya no contagiaban, y, solo a finales de abril, cuando empezaron a tener en cuenta a los asintomáticos en las cifras oficiales, reconoció en cadena nacional lo que ya todo el país sabía de él: "introducir estos conceptos nuevos es algo muy difícil para mí". La confianza en él, en todo caso, ya estaba perdida de antes, al haber reconocido en 2017 un falseo en las listas de espera de un hospital por “razones administrativas” durante el primer gobierno de Piñera.
Sin embargo, el gran número de tests y las cuarentenas parciales en las comunas ricas de Santiago, donde se concentraba inicialmente el virus, permitieron por un tiempo vender una baja tasa de letalidad, lo que llevó al ministro a declarar el 2 de mayo que la pandemia "podría durar mucho menos de lo que se había pensado”. Ese mismo día se reportaron más de 1400 casos nuevos, mientras 20 000 autos partían de Santiago hacia las regiones para disfrutar de un fin de semana largo, generando "tacos" kilométricos. Solo un mes antes, cuando pobladores de Chiloé habían intentado detener el paso de los buques salmoneros para exigir más insumos médicos y evitar que el virus se introdujese en la isla, el gobierno les había enviado en cambio dos carros lanza-aguas nuevos con los que reprimirlos. Los chilenos del otro lado de la balanza, en cambio, podían saltarse los controles incluso en helicóptero si hacía falta, con tal de poder irse a la playa.
En un giro esquizofrénico, cuando el aumento de contagios siguió su curso, Mañalich le echó la culpa a la población por desconfiar del gobierno y no cumplir sus medidas de prevención. Se había olvidado de que su subsecretaria, Paula Daza, había invitado a los chilenos a salir a “tomar café”. Y cuando la periodista Alejandra Mattus publicó cifras de muertos que revelaban un aumento de 1000 fallecidos en marzo respecto al año anterior, el ministro apuntó al “efecto lunes”: este marzo había tenido un lunes más, que es cuando se publican los decesos. Pero la periodista contraatacó a mediados de mayo: según el registro civil, se habían registrado más de 4000 defunciones en los últimos dos meses por motivos de “enfermedad respiratoria”, lo que suponía un aumento crítico respecto del año anterior. Aquella información, que fue puesta en cuestión inmediatamente, se confirmó al descubrirse que los datos que el Ministerio de Salud entregaba a la OMS diferían de los que se dirigían a la opinión pública, revelando que el número de fallecimientos superaba por varios miles el recuento que se comunicaba a la población. Solo esto terminó de tumbar la muralla institucional que se había alzado alrededor del ministro, quien finalmente dimitió el 13 de junio envuelto en plena polémica.
PONTE LA MASCARILLA
Mientras el virus se iba expandiendo por el país, el Estado parecía más preocupado por sacar tajada de la situación para acabar con los fantasmas de octubre y contentar al ala más conservadora de la coalición de gobierno. En la mañana del 25 de marzo, el juez Urrutia había revocado la prisión preventiva y otorgado el arresto domiciliario a 13 miembros de la “Primera Línea” de manifestantes de Santiago, considerando el estado de hacinamiento en las prisiones y las escasas medidas sanitarias. Ya unas semanas antes, 43 de los afectados por las detenciones masivas habían sido puestos en libertad porque, como explicó el presidente de la Corte Suprema, ser miembro de la Primera Línea no era constitutivo de delito. Pero el gobierno no aceptó esa resolución entonces y se querelló con los acusados valiéndose de la reciente “ley antibarricadas”. El mismo camino siguió la nueva puesta en libertad. Menos de 24 horas después de la resolución, en un pleno extraordinario, la Corte de Apelaciones de Santiago revocaba la decisión del juez Urrutia, manteniendo a los detenidos en prisión, y abriendo un sumario contra el juez.
En contraposición, el Congreso impulsó la inclusión de criminales de lesa humanidad en una amnistía por razones humanitarias a raíz de la pandemia, moción que tuvo que dirimir el Tribunal Constitucional, que se dividió a último momento y los dejó fuera de la medida. Pero eso no impidió que la Corte de Apelaciones liberara a 17 antiguos agentes de la DINA condenados por la desaparición de dirigentes comunistas durante la dictadura. En el Congreso se aprobaba poco después la denominada “Ley Sticker”, que ahora penaliza con prisión a quien efectúe rayados o pegue stickers en el transporte público o las señales viales. También se firmó un convenio entre la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y el Sename, el Servicio Nacional de Menores, que se encarga de velar por los derechos de los menores de edad en el sistema judicial, y de cuyos centros partieron alrededor de la mitad de los detenidos durante el estallido. La coalición de gobierno presentó asimismo un recurso de inhabilitación contra el diputado comunista Hugo Gutiérrez, conocido por su desempeño como abogado de víctimas de la dictadura, por “incitar a la alteración del orden público” en el contexto del estallido. Pero la última propuesta del Gobierno ha sido la que ha hecho disparar más alarmas, ya que consiste en reunir a un grupo de “expertos” y exparlamentarios para cambiar los criterios que determinan la admisibilidad de las mociones que se presentan en el Congreso, lo que podría inclinar al país hacia la dirección que ha seguido Hungría.
Piñera nombraba en el ínterin a una nueva Ministra de la Mujer: Macarena Santelices, sobrina nieta de Pinochet y famosa por alabar los éxitos económicos de la dictadura, designación inmediatamente rechazada por los colectivos feministas del país. La nueva ministra apenas duró un mes en el cargo tras recibir duras críticas por su primera y última campaña sobre violencia intrafamiliar, en la que se victimizaba a la figura del agresor. Y no resulta insignificante la propuesta del diputado Francisco Chahuán, de RN (la pata “moderada” de Chile vamos): una nueva ley por debatir a futuro para tipificar como delito la participación en cualquier manifestación "violenta", incluso sin que se incurra en delito, lo que convertiría en delincuentes incluso a los observadores de DDHH. Pero nada de esto debiera sorprender. El gobierno acababa de gastar más de 15 millones de dólares en nuevos carros antidisturbios, para llegar más preparado para las futuras protestas, o quizá sabiendo lo que significaría una cuarentena cuando no se está dispuesto a velar por nadie.
La misma batalla se ha trasladado a la calle. Al igual que ya sucedió en la plaza de la Dignidad a solo horas de decretado el “estado de catástrofe constitucional”, los rayados, murales y lienzos reivindicativos que cubrían los diversos territorios del país, y que fueron realizados en contextos de acciones barriales a la luz del día, han ido siendo “limpiados”, siempre con nocturnidad y valiéndose del toque de queda, con la anuencia o incluso colaboración de los carabineros. La subida Cumming, en Valparaíso, bastión de la resistencia popular durante el estallido, amaneció un día vandalizada: los banderines fueron reemplazados por banderas chilenas. La palabra “Pueblo” tachada para ser reemplazada por la de “Chile”, acaso pensando que la idea de país que caracteriza a los partidarios del “Rechazo” a la nueva constitución puede imponerse por la fuerza y a escondidas.
LÁVATE LAS MANOS
Mientras estas medidas se producían de manera soterrada, las decisiones respecto de la pandemia se formulaban sin pudor alguno. Todos los sectores de poder económico dejaron clara su postura con una nitidez relámpago. Los bancos se negaron a ofrecer condonaciones o moratorias para las deudas, ni siquiera para los créditos universitarios, las AFP rechazaron toda idea de permitir que sus usuarios retiraran parte de sus fondos y el empresario José Manuel Silva, del poderoso grupo LarrainVial, declaraba en una entrevista: “no podemos seguir parando la economía y por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y esos riesgos significan que va a morir gente”.
Las aglomeraciones ante los bancos se convirtieron en una estampa diaria, ya que fueron aumentando de manera creciente los que acudían para cobrar su seguro de cesantía a medida que las empresas aprovechaban los beneficios de la (mal) llamada "Ley de protección al empleo" promulgada por la Dirección del Trabajo, y que supone en la práctica toda clase de facilidades para abaratar los despidos. Entre otras cosas, las empresas no están obligadas ni siquiera a pagar el estipendio a los trabajadores en cuarentena médica. Recientemente, esto ha llevado a despidos masivos, saltándose cualquier consideración o derecho para colectivos vulnerables, como hizo Starbucks, que llegó a despedir al 90% de su plantilla, incluyendo a 14 embarazadas. Esto coincidió con el periodo en que se realiza el reparto de utilidades: los accionistas de todas las grandes marcas del país han recibido así dividendos multimillonarios que podrían pagar cientos de miles de sueldos, mientras los trabajadores quedaban desprotegidos.
También se han provocado aglomeraciones para cobrar el "bono Covid", una ayuda de emergencia para grupos de renta baja, pero incompatible con otros subsidios, y que impide que una pensionista que cobra la pensión mínima pueda recibirla. El comercio ambulante se ha disparado, dado que los trabajadores sin contrato no pueden acceder a ayuda alguna. Los mercados populares se han seguido llenando, como las farmacias, donde faltan insumos, y los hospitales, que en la capital han superado el 90% de su capacidad. Qué decir de las miles de personas sin hogar de Chile, para quienes no se ha puesto en marcha protocolo alguno.
Un día después de que el presidente Piñera inaugurara en abril un nuevo sector del hospital Félix Bulnes en Cerro Navia para la emergencia sanitaria, las instalaciones se inundaron por una falla en las cañerías de agua. Menos de un mes después, un desperfecto provocaba la caída de un ascensor con una funcionaria en su interior. Pero esto palidece frente a la imagen del día que dejó la última oleada de lluvias: el hospital de campaña instalado junto al hospital Barros Luco, en Santiago, completamente anegado en barro y agua. Un nuevo hospital en Cerrillos, prometido para mediados de marzo, y que luego Mañalich reprogramó para finales de abril, no da señales de vida. Lo único que hay es la estructura base que se construyó para la Cop-25. Donde sí se ha visto movimiento es en los cementerios, donde, al igual que en Brasil, se cavan fosas rápidamente para contener los cadáveres que se esperan a futuro, suponemos que para evitarse las espantosas imágenes que llegaron de Guayaquil en las que familiares acabaran teniendo que incinerar a sus muertos en las calles.
MANTÉN LA DISTANCIA
En ninguno de estos contextos se ha visto la presencia de policía o militares. Al ejército solo se lo ha visto resguardando grandes instalaciones o paltos privados. No se los ve desinfectando las calles, no se han visto hospitales de campaña en acción y ni siquiera han hecho acto de presencia en las batallas que se han desatado entre bandas de narcos rivales en poblaciones populares, dejando vía libre a una mayor implantación de la “narcobeneficencia” a cambio de protección. Cuando el Estado no llega, siempre llega alguien.
Pero sí aparecieron los carabineros en las movilizaciones por el 1° de mayo, en las que se buscaba precisamente exigir medidas profundas para paliar la desprotección de los trabajadores en medio de la pandemia. La respuesta fue la estándar: represión y detenciones, esta vez particularmente dirigidas contra líderes sindicales y reporteros gráficos. Incluso un reportero de TVN fue introducido en un carro policial, en pleno directo, ante los ojos de todo el país, quizá para asegurarse de que la noticia llegara a todos con un claro mensaje. No se permitirían reuniones de más de 50 personas. Eso sí, solo en el caso de que el propósito de dicha reunión sea protestar contra el gobierno, algo evidente tras una polémica intentona de reabrir grandes malls en Quilpué y en Las Condes que tuvieron que abortar por la respuesta crítica que recibieron desde varios sectores.
No era el primer día que volvían las protestas en el país. Solo unos días antes, el 27 de marzo, aniversario de la fundación de la institución de Carabineros de Chile, se produjeron protestas en numerosas regiones del país para condenar las recientes violaciones a DDHH de los uniformados. El aniversario culminó con un ataque sanguinario en La Florida, en el que doce manifestantes fueron baleados desde un automóvil. Los atacantes resultaron ser dos carabineros ebrios de civil. De igual manera, las fuerzas policiales han aprovechado la coyuntura para recrudecer la histórica represión que se vive en tierras mapuches. En las mismas fechas en que en EE. UU. aumentaban las marchas para protestar contra el asesinato de George Floyd, en la Araucanía era asesinado Alejandro Treuquil, que como representante de la comunidad We Newén mantenía una disputa con la Forestal Arauco. Apenas 24 horas antes, el werkén había denunciado el hostigamiento que la comunidad estaba sufriendo por parte de los carabineros. Una bala le atravesaría el cuello cobrándose su vida en medio de la noche, pero su homicidio no cubriría las portadas chilenas.
¿Dónde están, en cambio, las multitudes que hace unos meses colmaban las plazas de norte a sur? No han desaparecido. Ya sean manifestantes comunes, miembros de la “Primera Línea” o integrantes de asambleas territoriales, muchos de ellos dedican ahora parte de su tiempo a sanitizar estaciones y vagones de metro, paraderos de bus o sus propios cerros o distritos abandonados por las instituciones. Bajo la consigna “El pueblo ayuda al pueblo”, también organizan colectas para entregar ropa a personas sin hogar, fabrican y distribuyen mascarillas caseras o convocan a ollas comunas entre vecinos, forma de colaboración interbarrial que nació durante la hambruna de la dictadura. Cuando el Estado no existe, solo te queda el barrio. Otros, algunos de los miles de detenidos durante las protestas que siguen en prisión preventiva, o los presos políticos mapuche de las cárceles de Angol y Temuco, han protagonizado huelgas de hambre para pedir el arresto domiciliario, silenciadas por los medios, o participado por fuerza en las revueltas que se han producido en las prisiones frente a la inexistencia de medidas de prevención sanitaria, que ya han costado que el virus penetre en los presidios.
QUÉDATE EN CASA
En la noche del 17 de mayo, a solo tres días de decretada la cuarentena total en la Región Metropolitana, Piñera anunció una medida para aliviar a los sectores en mayor dificultad: el gobierno repartiría canastas de comida. Menos de 24 horas después, esa promesa provocó filas a las puertas de los municipios de El Bosque, en Renca, en otras varias comunas e incluso en Valparaíso. Sin embargo, los alcaldes habían descubierto la noticia por televisión, igual que los beneficiarios que esperaban ahora su respectiva cesta de alimentos. No había ninguna, el gobierno no había coordinado ningún reparto y no había nada que entregarles. Este detonante inició varias protestas que se agudizaron cuando el intendente de la capital acusó a los manifestantes de inconsciencia y de estar colaborando en la propagación del virus.
Volvieron las barricadas, los violentos enfrentamientos contra la policía, los cacerolazos por todo el país, y las protestas se extendieron rápidamente a San Antonio, a Maipú y otras comunas, esta vez con la consigna común de la falta de alimentos, la humillación de verse despojados de su trabajo, del dinero de sus pensiones y ahora hasta de comida. Por la noche, un colectivo de artistas proyectó la palabra “HAMBRE” sobre el edificio de Telefónica, una torre aledaña a la plaza de la Dignidad. Cuando repitieron la intervención al día siguiente, los carabineros ya estaban preparados, y proyectaron a su vez varios focos de luz sobre el edificio, de tal modo que la palabra no pudiera leerse bien. Se hackearon las cuentas del colectivo, sufrieron amenazas en las redes y un diputado de la coalición de gobierno pidió que se los investigara y persiguiera, al tiempo que el Gobierno se querellaba contra 15 de los manifestantes detenidos en El Bosque. Las canastas comenzaron a ser repartidas días después en respuesta a la crisis, pero el descontrol y la falta de fiscalización ha permitido que algunas sean entregadas incluso en barrios privilegiados o incluso a diputados, desvirtuando el propósito de las mismas.
Siguiendo la doctrina del “Sálvese quien pueda”, congénita al neoliberalismo más deshumanizado que ha caracterizado el accionar del gobierno de Chile, la crisis sanitaria está llevando al límite la crisis social que se ha enquistado en el país y que la respuesta sorda del ejecutivo al anterior estallido dejó sin resolver. Es poco probable que se traduzca en manifestaciones masivas como las de octubre. Atrás han quedado las batucadas y las canciones, dado que los sectores de clase media se mantendrán con toda seguridad refugiados en sus hogares esperando a que pase un vendaval para el que nadie ve un final y que no parece haber hecho más que comenzar, mientras el virus va cobrándose vidas humanas. Las clases populares, las más golpeadas por la desigualdad sistémica del país, se han quedado solas no ya en una batalla por una vida más digna, sino por la vida sin más, obligados a elegir entre morir de hambre o hacerlo en las filas de una red de salud pública ya colapsada. Y a falta de trabajo, de salud y de pan, ya nadie en Chile puede negar que un nuevo estallido se está cociendo y podría reventar en cualquier momento en cuanto se supere el momento álgido de la pandemia. Esta vez, nadie podrá decir que no se veía venir.
Autor: Facundo Ortiz Núñez
